Durante décadas, la violencia en América Latina estuvo asociada a la
insurrección armada y a la represión militar de la revolución. Hoy, con
los antiguos guerrilleros ocupando despachos oficiales, otro fantasma
ocupa el escenario: la violencia armada asociada al tráfico de drogas.
Una violencia que alimenta un negocio multimillonario, que extiende la
inseguridad y el miedo en grandes y pequeñas ciudades, que drena
recursos ingentes a los Estados.
Y lo peor: lejos de remitir, se multiplica y amenaza la estabilidad
de los Gobiernos. Tres ex presidentes latinoamericanos -Fernando
Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ernesto
Zedillo, de México- han certificado, en un amplio documento, la derrota
de las fuerzas del orden en su guerra contra las drogas. Ello no
significa que hayan levantado la bandera blanca frente al crimen
organizado. Reclaman una nueva estrategia política y policial que surja
de un amplio debate social al que convocan a todas las fuerzas sociales
del continente. Y exponen sus datos y argumentos en el documento Drogas
y democracia: hacia un nuevo paradigma, redactado por la Comisión
Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que forman 17 destacadas
personalidades independientes. Reclaman un nuevo enfoque, con menos
énfasis en la represión y más en política sanitaria y educativa. E
incluyen una recomendación -la descriminalización de la tenencia de
marihuana- que por su reclamo mediático puede eclipsar una reflexión de
mayor alcance.
Los hechos reseñados son abrumadores: después de
años de lucha, América Latina sigue siendo el mayor exportador mundial
de cocaína y marihuana, y ha comenzado a producir opio, heroína y
drogas sintéticas. Además de exportar, los países del continente han
incrementado sus niveles de consumo. El aumento del crimen organizado
ha generado un crecimiento de los niveles de violencia que afecta,
sobre todo a los pobres y a los jóvenes (ver cuadro adjunto); la
corrupción del sistema -políticos, funcionarios, jueces y policías-
criminaliza la política, desafía a los Gobiernos, y se infiltra en las
instituciones democráticas. La ofensiva militar desencadenada por el
presidente de México, Felipe Calderón, contra los carteles de la droga
de su país es el mejor ejemplo de la gravedad del problema.
El
documento de 47 páginas (www.drogasydemocracia.org) ofrece datos sobre
el fracaso de la política de represión. "A pesar de que los niveles de
aprehensión, tanto en los países exportadores como en los importadores,
hayan presentado aumentos considerables, ellos no afectaron a la oferta
final ni aún al precio del consumidor. Por el contrario, el precio de
la cocaína presenta una tendencia dominante de caída, en tanto el
producto aumenta su grado promedio de pureza". En el negocio de la
droga, los beneficios para el crimen organizado se reparten, además, de
de desigual manera. El informe citado refleja los precios efectivos por
kilogramo.
El semanario británico The Economist, en su
edición del pasado 7 de marzo, arrojaba cierta luz sobre cómo estan
organizadas las redes de narcotráfico en el Reino Unido, el país
europeo con mayor consumo de cocaina, puesto que arrebató recientemente
a España. Según el semanario, que cita fuentes oficiales, la droga es
remitida a unos 300 importadores que la pasan a una red de unos 30.000
distribuidores que, a su vez, cuenta con una flota de 70.000 vendedores
callejeros, vulgarmente conocidos como camellos.
Los programas de
lucha contra la erradicación no consiguieron reducir la producción,
pero sí generaron cambios con repercusiones no previstas.
"Hasta
mediados de la década de los noventa, la hoja de coca era cultivada
principalmente en Perú y Bolivia, dos países que detentaban el 80% de
las plantaciones mundiales de coca y que procesaban las hojas en
pasta". Trasportada en avionetas hacia la selva colombiana, era
transformada en laboratorios clandestinos en cocaína. La droga era
enviada desde Colombia a Estados Unidos.
La erradicación de las
plantaciones en Perú y Bolivia trasladó la producción a Colombia, en
territorio controlado por los guerrilleros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), que "pasaron a organizar a los
productores y a intermediar las ventas de la producción", añade el
informe. A su vez, la contraguerrilla de las paramilitares Autodefensas
Unidas de Colombia (UAC) también pasaron a participar en el negocio del
narcotráfico.
La lucha contra los carteles colombianos y el Plan
Colombia -el mayor operativo militar financiado por Estados Unidos
contra la droga y la guerrilla- fraccionó el poder de las bandas de
Cali y Medellín, y el control del sistema de intermediación pasó a
manos de los carteles mexicanos. De ahí el "aumento enorme de la
criminalidad y la violencia asociadas al tráfico en México, con
importantes ramificaciones en las instituciones públicas", señala el
informe.
Cambio de paradigma
La estrategia centrada
en la represión, en opinión de la comisión, no solo no ha resuelto el
problema, sino que ha creado otros nuevos. "La relación entre
homicidios, armas de fuego y comercio de drogas es central. Las drogas
financian las compras de armas que sustentan las guerras entre
pandillas para el control de territorios y del tráfico" afirma el
informe. La propuesta de la comisión está basada en tres grandes
directrices: tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud
pública, reducir el consumo mediante acciones de información y
prevención y focalizar la represión sobre el crimen organizado. De una
forma más concreta propone las siguientes medidas:
- Transformar
a los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en
pacientes del sistema de salud. "El Estado debe crear las leyes
instituciones y regulaciones que permitan que las personas que han
caído en la adicción a las drogas dejen der ser compradores en el
mercado ilegal para convertirse en pacientes del sistema de salud".
-
Evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más
avanzada ciencia médica la conveniencia de discriminalizar la tenencia
de marihuana para consumo personal.
- Reducir el consumo a través
de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser
comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el
mayor contingente de usuarios.
- Focalizar las estrategias represivas contra el crimen organizado.
- Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas.
Las
dimensiones del desafío son ta
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