La cabeza, al principio, estaba dentro de una caja, y la caja al lado de su coche en el estacionamiento del juzgado de San Salvador; la caja parecía uno de esos archivos donde se guardan expedientes, y a la cabeza le faltaba un cuerpo. El juez Olivera Pastor abrió la caja, pegó un salto, reprimió un gritito y tardó poco en entender que era un mensaje de algún narco que debía juzgar. Ahora, unos meses después, la cabeza reaparece encabezando un artículo de Foreign Policy, firmado por un Haley Cohen: Argentina, the new narco state.
Foreign Policy es una revista fundada hace más de 40 años por Samuel Huntington -ex asesor de Jimmy Carter y difusor del “choque de civilizaciones”- y comprada después por el Washington Post: un medio del ala liberal de los demócratas americanos –que suelen volverse muy guerreros. Y su artículo sonaba promisorio; cuando lo ví pensé que muchos medios locales se harían eco. Los medios de la corpo, siempre dispuestos a echar sombras sobre los brillos de la patria, o los medios del nacionalismo kirchnerista, que ahora solo juran por Paul Krugman y los liberals americanos. Pero no.
Y el artículo dice cosas interesantes. Para empezar, que durante 2010, el último año con datos, salieron de la Argentina rumbo a Europa -vía España, sobre todo- unas 70 toneladas de cocaína: más de la mitad del consumo total del continente viejo. Y que no es difícil hacerlo desde nuestras 1500 pistas ilegales –o desde nuestras pistas más legales: en unos días empezará en Barcelona uno de los juicios más apasionantes de la historia argentina reciente, el de los dos hijos pilotos del brigadier José Juliá, comandante de la Fuerza Aérea en el penúltimo gobierno peronista. Dos muchachos de tan buena familia, tan gente como uno, padres rugbiers cristianos de zona norte viste que no dejarían lugar común moral sin emitir y que salieron de un aeropuerto militar con 800 kilos de merca debajo de la alfombra.
Dice también Foreign Policy –porque alguna causa tenía que tener– que desde que el gobierno argentino suspendió su colaboración con la DEA los decomisos de cocaína bajaron de 12,7 toneladas en 2010 a 5,8 en 2011. Y cita un informe del Departamento de Estado de Obama: “La disminución de las capturas puede estar vinculada con los límites impuestos a las actividades de la DEA y a las limitaciones del gobierno argentino para montar investigaciones antinarcóticas más complejas y duraderas”. Como quien dice: hay que obedecer a los que saben, pueden y quieren, los hermanos mayores.
Pero, más allá de agendas, la síntesis del artículo impresiona: que la Argentina se ha convertido en una base alternativa para narcos colombianos y mexicanos que huyen del conflicto en sus países, que nuestras facilidades para la residencia y el lavado de dinero les convienen, que ya no solo somos un lugar de paso sino de producción, que la falta de preparación y/o voluntad de nuestras policías también los acomoda, que la violencia entre ellos empieza a desbordar.
Mientras, aquí, arrecia la discusión sobre la legalización de la marihuana. Hay marchas, peticiones, voces que se animan. Y expertos en el tema, como la fiscal Mónica Cuñarro, dicen que serviría para poder dirigir los recursos limitados con que cuenta la policía hacia los problemas realmente graves: “Sería saludable que (la persecución a los consumidores) en algún momento se modifique porque satura el sistema judicial y se utilizan recursos que serían necesarios para las causas de fraude a la administración pública, contrabando de estupefacientes o fraudes bancarios”, dijo hace unos meses.
Una de las grandes trampas del tema “drogas” consiste en mezclar al fumador de porros con el traficante de cocaína o heroína. Son dos cuestiones radicalmente distintas, que se confunden por intereses políticos e ideológicos: para demonizar la marihuana, nada mejor que asimilar a quien se ahuma la cabeza con quien se la corta a un competidor.
La legalización es la mejor forma de separarlos. Y, así, sacarle al porro la aureola de lo prohibido, convertirlo en un consumo tan bobo como cualquier otro. Digo: que quien se fuma uno no se sienta por eso un transgresor de la san puta; sólo un fulano o fulana que prefieren pasarse un rato entretenido con sus amigos o sus fantasmas. Recuerdo, hace casi 15 años, una solicitada a página entera en el New York Times: una asociación de consumidores de marihuana que reivindicaban su derecho a llegar a su casa después de un buen día de trabajo y, en lugar de mezclarse un martini, enrollarse un charuto. Era enternecedor y terminaba de sancionar el cambio de lugar de ciertas prácticas: apartadas de cualquier “contracultura”, bien integradas en el mundo mercantil.
Milanesa pura. Un pibe afanando por paco es otra cosa; un dealer que mueve kilos de coca es otra cosa; un comisario que lo apaña o explota es otra cosa. Mezclar todo eso hablando de “la droga” es como decir “la bebida” para hablar de la pepsi, el vega-sicilia y un jarabe para la tos. Pero quedan dinosaurios que prefieren no verlo. Y entonces se oponen a legalizar la marihuana y favorecen –sin querer o queriendo– el negocio de los narcotraficantes. En México, el país más afectado por las bandas, intelectuales como Carlos Fuentes y Jorge Castañeda insisten en la legalización: también arguyen que eso permitiría, por un lado, disminuir el poder y la violencia de los grandes carteles y, por otro, aumentar el poder del Estado para perseguirlos. Y, de paso, permitir que el Estado recaude impuestos por la venta de esos productos y controle su sanidad como hace con las demás drogas legales.
Pero sobre todo, más allá de las conveniencias de los aparatos de represión y recaudación del Estado, se trata de que cada cual pueda elegir su vida. El Estado, si acaso, puede ocuparse de explicar qué le hace la marihuana a un organismo; después, cada cual debería ser libre de hacer de su culo un porro, o como si.
