Los accidentes laborales cuestan cada mes 11.988 millones de euros; es decir, el equivalente al 1,72% del Producto Interior Bruto (PIB), la riqueza generada por el país, según se desprende de un informe elaborado por CC OO. Esa cifra sólo incluye las repercusiones tangibles de la siniestralidad; no determinadas consecuencias de ella muy difíciles de cuantificar. Por ejemplo, las jubilaciones anticipadas en actividades «penosas», los serios problemas de algunos heridos o enfermos para encontrar otro empleo, el cuidado familiar que requieren o el empobrecimiento de los hogares por la pérdida de ingresos. Si se contabilizaran esos conceptos, teniendo en cuenta que España es el país de la UE con un mayor nivel de percances en el trabajo y que éstos suponen para los Quince una "factura" media estimada de entre el 2,6% y el 3,8% del PIB, superaría el 4%, según las estimaciones del sindicato.

El documento se refiere a 2002, pero sus autores mantienen que es extrapolable a otros ejercicios. Joaquín Nieto, responsable de Salud Laboral de la central, explicó que más de la mitad de los gastos cuantificables corresponde a las jornadas perdidas y a la cobertura de riesgos profesionales. A esa suma hay que agregar el coste de los siniestros sufridos por autónomos, por trabajadores de la "economía sumergida" y por los afiliados del Muface.

Transferencia de costes

Nieto, quien calificó de «inconmensurable» el dolor y el sufrimiento que generan los accidentes laborales, apuntó que la intención de CC OO al elaborar el informe es que la sociedad en su conjunto conozca el coste de la siniestralidad para que el Gobierno y los empresarios actúen en consecuencia. El dirigente sindical esbozó una teoría sobre los motivos por los que los empresarios no invierten, a su juicio, lo suficiente en prevención de riesgos, aunque admitió que no existe una respuesta unívoca. Entre las posibles razones, resaltó la externalización de los gastos que generan los siniestros laborales. «Ellos transfieren al conjunto de la sociedad gran parte de los costes asociados a los accidentes», lamentó, dado que este traslado conlleva que no se aprecie la pérdida económica en toda su dimensión.

Por otra parte, «los estímulos derivados de la acción inspectora no son suficientes en términos absolutos ni relativos». En este sentido, destacó que las multas de la Inspección de Trabajo suponen 103 millones de euros anuales, frente a los 12.000 millones en los que se estima la "factura" de la siniestralidad.