Sólo basta ver los resultados de una encuesta realizada por la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de Construcción para ver sus niveles de penetración en el ámbito de las empresas y las industrias.
Según el sondeo dado a conocer hace algunos días, a uno de cada cinco trabajadores les han ofrecido consumir drogas en el último año, cifra que llega a uno cada diez trabajadores si la pregunta recoge el mismo ofrecimiento en el último mes.
Estos resultados no son muy distintos a los conocidos a nivel nacional en distintos ámbitos del quehacer. Sin embargo, hay un elemento preocupante: sólo el 5% de las empresas en Chile tiene programas de prevención de drogas y alcohol al interior de sus organizaciones. ¿Conclusión? Hay millones de trabajadores indefensos, que son potenciales víctimas de redes de inescrupulosos.
Y si llevamos los resultados a los accidentes del trabajo, las cifras indican que un 20% de éstos de deben al exceso de alcohol y un tercio al consumo de drogas.
Aquí, la responsabilidad de los propios trabajadores, sus organizaciones inmediatas y de las propias empresas es gigantesco. Es un deber ético de las firmas y sus máximos ejecutivos implementar programas de prevención y combate de la drogadicción, para erradicar o al menos mantener a raya a quienes tratan de expandir la masa de consumidores.
La legislación y los beneficios económicos están de este lado de la mesa para luchar contra estos males, ya que en la actualidad se puede destinar el 1% de las rentas de los trabajadores para combatir el flagelo, a través de los programas del Sence. Pero, ¿qué pasa? Como ocurre con varias de estas franquicias, la mayoría de las empresas ocupa parcialmente este beneficio o simplemente no los utiliza.
Sólo falta la decisión de empresas y trabajadores para salir a dar la guerra contra las drogas en el mundo laboral y en su entorno más inmediato. Los recursos para lograrlo están -aunque siempre escasos- y sólo falta canalizarlos adecuadamente.
