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Tres pausas al día para fumar suman a final de año el equivalente a catorce jornadas de trabajo perdidas, unos 750 euros por empleado y ejercicio de media, según un informe presentado ayer en Bilbao en las jornadas "Ley de Prevención del tabaquismo: implicaciones para la empresa". A partir del uno de enero de 2006, quedará terminantemente prohibido echar un pitillo en el taller o la oficina, ni siquiera en las salas habilitadas hasta ahora para ello. Así que los empleados deberán salir a la calle si quieren fumar, con la mayor pérdida de tiempo que ello conlleva. «El tabaquismo es un problema de salud pública, pero también económico», precisó el experto en Derecho socio-laboral José Ramón Mínguez.

Mínguez aventuró que estas pausas pueden acabar en tensiones entre los empleados. «En labores con los tiempos ajustados, por ejemplo en las cajas del supermercado, no se le puede decir al compañero: "cobra tú, que me voy a fumar"». Aun así, se mostró esperanzado en que, en la práctica, «la situación no sea tan traumático».

Con la nueva ley, «lo ideal sería que la gente dejara de fumar, pero como eso no va a ocurrir», las empresas tendrán que optar entre una de las tres posibles soluciones para aplicarla: sancionar a quien fume, incluso con despidos; reducir la jornada laboral retribuida para amortizar las pausas, «algo que los sindicatos no van a aceptar», o incorporar al tiempo del bocadillo «la coletilla "y cigarro"». Mínguez ve en los cursos para dejar de fumar una alternativa «no demasiado cara», ya que son subvencionados por el INEM si se desarrollan en horario laboral. Por otro lado, recordó las ventajas de terminar con el hábito de fumar para la Administración. Sólo en Vizcaya, la Seguridad Social gasta en pensiones por incapacidad derivada del tabaco 3.000.000 de euros.

Defender la empresa

«Las empresas se deben empezar a defender», dice Mínguez, que afirma que en unos años los fumadores pasivos podrían denunciar a la fábrica por no haber «evitado que consumieran el humo de los demás». Con la prohibición de fumar en las empresas y oficinas, el derecho del trabajador a recibir una protección en materia de seguridad y salud en el trabajo incluirá el humo, que distintos informes médicos han demostrado cancerígeno. Por ello, y para evitar posibles sanciones que la ley contempla para las compañías que no respeten la medida -pueden llegar a los 600.000 euros-, Mínguez aconseja «políticas activas» a los empresarios, para que lideren el «cambio cultural» de la nueva ley.