Comprar tabaco es tan fácil como adquirir el pan. Se comercializa en 200.000 lugares: 16.000 estancos, 120.000 máquinas expendedoras, puestos en centros comerciales, quioscos, estaciones de servicio. Y, sin embargo, el Ministerio de Sanidad atribuye al tabaco no menos de 50.000 muertes por año, casi diez veces más que los fallecimientos en accidentes de tráfico. No se trata de datos estadísticos (no existen en materia de tabaquismo), sino de estudios epidemiológicos. José Ramón Banegas, catedrático de Medicina Preventiva, y otros investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid calculan en 54.233 el número de muertos por enfermedades asociadas al tabaco en 2001, el último año del que existe un estudio preciso.

Las contradicciones no pueden ser más brutales."Nos encontramos ante la más grave epidemia industrial de nuestro tiempo", asegura Fernando Lamata, de 51 años. Médico, actual secretario general del Ministerio de Sanidad y puntal político de esta lucha, dejó el tabaco hace seis años, cuando fue nombrado consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha, pero no le costó demasiado porque fumaba cigarros. ¿Puede esperarse lo mismo de los 10 u 11 millones de fumadores habituales, consumidores de cigarrillos? "Evidentemente, no", reconoce. "Nos daríamos con un canto en los dientes si el número de fumadores se redujera en seis millones en 15 años".

Es oficial: el tabaco tiene responsabilidad en varios cánceres. A pesar de que faltan estudios clínicos de suficiente amplitud, las autoridades sanitarias están seguras de las estimaciones efectuadas con métodos internacionalmente aceptados. Las anteriores ministras de Sanidad del PP, Celia Villalobos y Ana Pastor, ya promovieron alguna medida sobre el tabaco. Pero en el texto del proyecto de ley propuesto por la actual ministra de Sanidad, Elena Salgado, es donde se afirma: "En España fallece cada año, como consecuencia del consumo de tabaco, un número de personas que representa el 16% de todas las muertes ocurridas en la población mayor de 35 años".

¿Están en su sano juicio las autoridades que permiten la venta de un producto presuntamente tan mortífero? "La adicción a la nicotina es fuerte y también hay una dependencia social", explica el doctor Lamata. "Tenemos muchos fumadores en España. El tabaco es un hábito químico y social tan arraigado que hace 30 años era normal fumar en las consultas médicas. Prohibirlo de la noche a la mañana sería negativo para nuestros objetivos, porque está demostrado que las medidas del tipo ley seca no funcionan".

"Si el tabaco se prohibiera en un país, las compañías tabacaleras cerrarían", reconoce Javier Areitio, de 50 años, director de relaciones corporativas de Philip Morris en España. Pero ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo recomienda; en la globalización del mercado, una barrera nacional antitabaquista duraría lo que aguantó la línea Maginot. En cambio, la OMS pide a los gobiernos que veten la publicidad del tabaco y hagan que cueste más caro.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero opta por reducir el aprovisionamiento, en parte: "Hay que limitar la oferta, prohibir tajantemente la publicidad del tabaco y cambiar el discurso social, de modo que fumar y ofrecer tabaco dejen de ser costumbres de cortesía", enumera el doctor Lamata. Se pretende que ningún menor de 18 años lo compre, bajo amenaza de sanción al vendedor.

Inhalar y expeler humo barato contribuye a explicar la persistencia de esos ¡chuapppps! constantes. La autoridad se enfrenta a ello como una versión moderna del Jano de la mitología romana: una de las dos caras, la salutífera, no ha convencido al lado recaudatorio para subir los impuestos.

"Nosotros somos favorables al aumento de precios", afirma Lamata, el secretario general de Sanidad. Pero no se ha tomado ninguna decisión sobre la fiscalidad del tabaco, según un colaborador del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; no sin reconocer que lleva nueve años congelada.

El lado recaudatorio de Jano (podría representarlo Pedro Solbes) se muestra circunspecto porque el erario público cuenta con unos ingresos seguros y en ascenso, gracias a su control sobre el mercado de un producto de riesgo, favorecido por la tendencia al mayor consumo de tabaco rubio, que cuesta más que el negro e incrementa la remuneración del Estado. Los que se oponen alegan incluso argumentos técnicos con influencia política: el índice de inflación (3,1% anual) notaría de inmediato una subida de los impuestos del tabaco.Las autoridades sanitarias ponen en duda que el tabaco sea tan rentable para el Estado, porque el cuidado de los afectados por tabaquismo puede suponer entre el 80% y el 100% de lo que el Estado saca del tabaco. Sin embargo, la imprecisión de los datos manejados aún es demasiado grande como para medir el verdadero coste social del tabaquismo.

Prohibir no es gratis

El equipo de la ministra de Sanidad, Elena Salgado, acepta la dificultad de cuantificar las repercusiones económicas de las restricciones previstas en el consumo de tabaco. Pero reconoce que 90.000 empleos dependen del sector que lo produce y distribuye. La Asociación Empresarial del Tabaco (AET), patronal del sector, eleva ese número a 98.000: de ellos, 30.000 en el cultivo de tabaco y primera transformación (a los que la limitación del consumo afectará mucho menos que el previsto final de la subvención europea al cultivo de este producto); 8.000, en las empresas fabricantes y comerciales; 40.000, en el circuito de distribución mayorista y minorista, y 20.000 empleos inducidos en proveedores de material necesario (papel, cartón, artes gráficas).

Prohibir el tabaco tampoco sale gratis al resto de la sociedad. Una de las medidas programadas afecta a la población laboral de este país. Habrá que escoger entre trabajar o fumar, porque las dos cosas serán imposibles al mis

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