Encender un cigarrillo en la oficina es un gesto con los días contados. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, anunció ayer en Luxemburgo su intención de prohibir fumar en los centros de trabajo para finales de 2005, dos años antes de lo que contempla el Plan Nacional contra el Tabaquismo pactado por el Gobierno y las autonomías. El adelanto sobre el calendario previsto se debe, según informó un portavoz del Ministerio, a la urgencia que la Unión Europea está imprimiendo a los países miembros para que aceleren las medidas previstas en los programas comunitarios de lucha contra este insano hábito. Sindicatos y patronal recibieron el anuncio de la ministra de manera muy dispar.

La medida comenzará a aplicarse en los centros de trabajo, pero la idea es que los espacios sin humo vayan extendiéndose paulatinamente a otros ámbitos de la vida social. «Vamos a comenzar por las empresas, entre otras razones, porque uno no puede levantarse e irse cuando el compañero de la mesa de al lado enciende un cigarrillo. En un local de ocio se tiene más libertad de movimiento», explicó Salgado.

El Ministerio, en cualquier caso, tiene ya puesta su mirada en la hostelería, un sector que con toda probabilidad seguirá la estela de las empresas. «Irlanda y Suecia ya han regulado el consumo de tabaco en las zonas de ocio», recordaron las fuentes consultadas.

Los derechos que priman

En realidad, tampoco hace falta ir tan lejos. La Generalitat ya se ha adelantado a los planes del Ejecutivo central y ha comenzado a preparar una ley que obligará a bares, restaurantes y discotecas a disponer espacios diferenciados para fumadores y no fumadores. El Gobierno catalán quiere hacer prevalecer los derechos de los que no fuman, hasta el punto de que estará prohibido el consumo de tabaco también en los espacios de divertimento comunes, como las pistas de baile.

Un informe del Ministerio de Sanidad concluye que al menos 700 personas mueren cada año en España por haberse expuesto de manera directa al aire contaminado por humo de tabaco en centros de trabajo y espacios de ocio. Es decir, que, según esta cifra, prácticamente fallecen dos ciudadanos al día a causa de los cigarros que se fuman sus compañeros. La nicotina y el resto de sustancias tóxicas se llevan cada año, además, la vida de 60.000 españoles.

Sanidad quiere empezar su lucha desde casa, en el mismo Ministerio, donde para el mes de octubre ya se habrán hecho «las inversiones mínimas» para posibilitar la prohibición. Entretanto, el equipo que dirige Elena Salgado mantendrá abiertas las conversaciones que -según la ministra- se siguen con sindicatos, empresarios y autonomías para cerrar un gran pacto contra el tabaco. La competencia sobre esta materia está en manos de los Ejecutivos autónomos, pero, según el portavoz ministerial, «todo el mundo en la comisión interterritorial estuvo de acuerdo en las medidas que había que adoptar; en muchos sitios, como Cataluña, ya han adelantado el calendario previsto».

Iniciativa «compleja»

Pese a las palabras de Elena Salgado, el empresariado se mostró sorprendido por el anuncio de la ministra, del que, de momento, tampoco se mostró muy convencido. La asociación empresarial CEOE pidió al Gobierno que concrete sus intenciones, dada la «complejidad» que entraña la puesta en marcha de un proyecto así en el plazo de poco más de un año.

La organización adelantó que la propuesta no es «sencilla de abordar» porque con ella entran en colisión «la voluntad del fumador, el derecho de la persona que se siente perjudicada y las circunstancias de cada empresa». La patronal entiende que las dificultades para habilitar espacios diferenciados no son las mismas para una gran compañía que para una pequeña.

La propuesta obtuvo una desigual reacción sindical. La secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, destacó que medidas como la anunciada ayer deben ser negociadas para evitar conflictos entre empresarios y trabajadores. De lo contrario, según dijo, «podría provocar en los centros de trabajo un ambiente de conflictividad nada deseable». La central CC OO reclamó la apertura de una «negociación flexible» y «políticas adecuadas» que den apoyo a los empleados que quieran dejar de fumar, en línea con los criterios del Plan Nacional.

«La lucha contra el Tabaquismo debe ser una lucha enérgica», resumió la ministra. Elena Salgado tiene algo más que motivos de salud para combatir este fenómeno. El tratamiento de seis enfermedades causadas por el tabaco supone en España casi el 80% del gasto sanitario. El debate ahora se ha llevado a las empresas.