Después de más de dos décadas de prevención en España, ¿cuál es tu percepción sobre la situación actual?
La progresiva comprensión institucional sobre la multicausalidad de los problemas vinculados a las drogas, sirvió de base para que, a partir de la aprobación y puesta en marcha del Plan Nacional sobre Drogas en 1985 se articulase en España una política sobre drogas que, en general y especialmente en todo lo relacionado con el ámbito de la salud y los servicios sociales, ha sido y continua siendo un referente de calidad en el marco de la UE.
La disponibilidad de estudios epidemiológicos y sistemas de información de calidad hacen que dispongamos, entre otros, de datos transversales y longitudinales clave sobre consumo, actitudes y actividad asistencial, todos ellos imprescindibles para informar y orientar adecuadamente la toma de decisiones en materia de política de prevención sobre drogas. También han mejorado sensiblemente los esfuerzos desplegados en prevención de nivel universal y de nivel indicado. Existe además una creciente preocupación por asegurar que las políticas, los planes y los programas preventivos aplicados dispongan de la necesaria evidencia de efectividad, y en este sentido estamos empezando a ver iniciativas autonómicas prometedoras, encaminadas al fomento y apoyo de la planificación y de la evaluación.
Notable es también el modelo de colaboración y coordinación propiciado desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD) y desplegado entre las instituciones públicas de ámbito nacional, autonómico y local, así como las relaciones de cooperación de dichas instituciones públicas con las organizaciones que representan a la sociedad civil organizada.
En este marco de indudables logros, que se están empezando a ver reflejados estos últimos años en la mejoría de diversos indicadores clave, no hay que olvidar, sin embargo, que la prevalencia del uso de diversas drogas (tanto legales como ilegales) es todavía muy elevada en nuestro país y el impacto de estos consumos continua siendo inaceptable para una sociedad democrática y preocupada por el bienestar, la salud y la calidad de vida de las personas. Si analizamos nuestra situación desde la perspectiva de la salud pública, es decir, en términos de mortalidad, morbilidad, costes sociales, personales y sanitarios evitables, en prevención queda todavía un largo camino por recorrer.
¿Qué líneas y áreas de prevención ves conveniente consolidar y cuales habría que reforzar, si es el caso?
En primer lugar tendríamos que conseguir una aproximación integral real de la política preventiva que responda a la aplicación de un enfoque de promoción de la salud. Aunque este aspecto ha mejorado sensiblemente desde 1985 hasta hoy, es necesario un mayor esfuerzo de coordinación institucional que sea capaz de superar la segmentación histórica que todavía condiciona las políticas y los programas preventivos, y que fragmenta excesivamente la acción en: drogas ilegales, alcohol y tabaco. Si bien cada uno de estos ámbitos requiere, en muchos aspectos, abordajes específicos, el tratamiento legal y preventivo de cada uno de ellos no puede desvincularse del resto.
Igualmente, hay que profundizar en la adopción de medidas políticas, programas y actuaciones preventivas con base en la evidencia. Para ello hay que definir y consensuar un marco asumible y asumido por todos los actores sociales implicados, en base a criterios objetivos como son: atención a las necesidades reales existentes (medidas según criterios de salud pública y bienestar social); atención a la evidencia disponible de eficacia, efectividad y eficiencia; y atención a la necesidad de una respuesta equilibrada para atender tanto a necesidades ya clásicas pero todavía sin resolver, como a las necesidades emergentes. Llegar a un consenso sobre estos aspectos facilitaría la adopción de medidas necesarias y pendientes (legales, educativas, de sensibilización, de reducción de riesgos, etc.), y contribuiría a que la política y la acción preventiva en general pudiera salir definitivamente del deplorable debate político-mediático al que, desafortunadamente, volvemos de forma recurrente a través de los años.
Por otro lado, es necesario un mayor esfuerzo para fomentar y apoyar la cultura de la evaluación entre los profesionales del sector, impulsando y apoyando a las CCAA para apostar por planes y programas con base en la evidencia de efectividad, así como para fomentar procesos de gestión basados en los resultados de las evaluaciones. Esto incluye la necesidad de facilitar el desarrollo y promover la utilización de instrumentos de apoyo y mejora de la calidad de los programas en sus distintas fases: planificación, aplicación y evaluación. Incluye además un esfuerzo permanente y redoblado de formación profesional.
También hay que incrementar la atención a la especificidad, es decir al despliegue de respuestas adecuadas en base al riesgo existente en cada caso. Esto implica ampliar la aplicación de programas preventivos de nivel selectivo e indicado dirigidos a grupos de población que se hallan en situaciones de especial vulnerabilidad. Existe un cuerpo de evidencia suficiente como para poder afirmar que la capacidad de los programas de adaptarse y responder adecuadamente a las características y necesidades de cada grupo de población es, entre otros, un factor clave para modificar los usos de drogas o prevenir/reducir los problemas relacionados con dichos usos. Hasta ahora, el esfuerzo en prevención se ha centrado prioritariamente en el desarrollo de campañas y programas de nivel universal. Incluso se han realizado intervenciones de nivel universal, que –de acuerdo a los datos de prevalencia disponibles– hubiera sido más apropiado aplicar desde niveles de prevención selectiva e indicada.
Finalmente, pero no menos importante, hay que impulsar la investigación relevante en prevención. Exceptuando los estudios epidemiológicos de gran calidad y calado, en este país arrastramos un sensible déficit de investigación en el ámbito de las drogas en general y en el campo preventivo mucho más. Esta debilidad dificulta sensiblemente la transferencia de tecnología útil para mejorar la calidad general de las respuestas preventivas.
Pensando en la escuela, y una vez desaparecida con la LOGSE la educación para la salud como línea transversal, ¿qué posibilidades existen para enmarcar educativamente las propuestas preventivas?
La situación no es tan desesperada como se tiende a creer. De hecho, actualmente disponemos de distintos instrumentos legales y normativos que favorecen, y en algunos casos marcan por ley, la incorporación de contenidos preventivos en el desarrollo curricular de las distintas áreas del conocimiento. Por un lado disponemos de un marco legal en todo el Estado: la LOE y los tres Reales Decretos que a
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